La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años al mayor y comandante de la Policía en el municipio de Acacías, Meta, Juan Carlos Gutiérrez Herrera, por “constituir actos de acoso laboral en contra de la patrullera Miryan Yaneth Díaz Bobadilla, en términos de discriminación por el hecho de ser mujer.
El Ministerio Público confirmó que el uniformado afectó laboral y emocionalmente a la patrullera Miryan Díaz Bobadilla, al no acatar las restricciones médico laborales emitidas por el Tribunal Médico Laboral de revisión militar y de policía, en favor de su salud e integridad física, quien no podía realizar actividades de tipo administrativo, por su patología, entre otras restricciones; las cuales fueron desconocidas e incumplidas por el comandante.
Para este caso, la autoridad disciplinaria adelantó el juzgamiento acorde con el protocolo de investigación disciplinaria, bajo el enfoque diferencial con perspectiva de género, razón por la cual la actividad probatoria y la dosificación de la sanción deben ser garantes de la lucha contra la violencia de género y revictimización de la mujer.
De igual manera, el ente de control estableció que el funcionario realizó comentarios de descalificación profesional e hizo públicos hechos pertenecientes a la vida personal y estabilidad laboral de la servidora, por lo que, atentó contra sus derechos a la intimidad y buen nombre.
La Procuraduría también verificó que el uniformado utilizó expresiones para señalarla como “Negligente” y No apta en su servicio policial y efectuó seguimientos de sus actividades personales para demostrar que se desplazaba en motocicleta y bicicleta y la distancia que recorría, sin cuidarse; que bailaba en la zona rosa, iba a un spa y salones de belleza.
Además, el uniformado solicitó el traslado de Miryan Jhanet Díaz Bobadilla, sin tener en cuenta su condición de “Madre Cabeza de Familia” y responsable de sus padres adultos de la Tercera Edad.
Finalmente, el Ministerio Público constató que las conductas de acoso laboral constituían actos de violencia por el hecho de ser mujer, lo que además representa un grave daño social, afectó sus derechos fundamentales, por lo que se reconoció que dichas agresiones están relacionadas con el género y en consecuencia le reconoció a la funcionaria de la Policía en calidad de víctima.