En un documento de opinion liderado por Sofía López Cubillos, donde expresa que esta política ha ignorado las áreas de mayor provisión de ambos servicios ecosistémicos. La tematica del nuevo gobierno de Gustavo Petro es que Colombiadebe convertirse en una potencia mundial en laproducción de alimentos, lo cual es un objetivo imprescindible para combatir el alza de precios de la comiday disminuir la dependencia del sector de hidrocarburos. No obstante, hay que ser cautelosos en cuanto a la expansión de la frontera agrícola porque puede tener efectos fatales sobre el medio ambiente y las comunidades.
Uno de los mecanismos para favorecer el crecimiento sostenible de la frontera agrícola consiste en los pagos por servicios ambientales, pues es un instrumento que pueden estimular que los propietarios, poseedores y ocupantes conserven o restaurensus tierras. Es imprescindible que estos pagos se hagan en zonas con alta biodiversidad, alta provisión de servicios ambientales y poca idoneidad de los suelos para la producción agrícola, pues de esta manera se disminuyen los conflictos socio-ambientales.
Desde el 2017, la resolución CONPES 3886 ha delineado la política para pagos por servicios ambientales a nivel nacional. El objetivo de esta política es crear lineamientos para la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de iniciativas de pago por servicios ambientales. Dicha política selecciona municipios que hagan parte de losPlanes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para la protección o restauración de ecosistemas estratégicos para conservar el suministro de agua y captura de Carbono.
No obstante, según estudio liderado por la doctora Sofía López Cubillos, de laUniversidad de Queensland, en conjunto la profesora Dolors Armenteras de la Universidad Nacional y los doctores Andrés Suárez Castro y José Manuel Ochoa del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, muestran que esta política ha ignorado las áreas de mayor provisión de ambos servicios ecosistémicos.
Adicionalmente, no calcula los beneficios económicos que los campesinos podrían dejar de recibir por la producción agrícola al conservar o restaurar áreas, lo cual podría llevar una implementación poco costo-efectiva si se centran en áreas idóneas para la producción agrícola.
El estudio liderado por López Cubillos utilizó una herramienta de planeación sistemática, la cual es una metodología que permite maximizar varios objetivos pero que al mismo tiempo se tengan restricciones para alcanzar dichos objetivos. En este caso, el pago por servicios ambientales tendría como objetivo maximizar la equidad social, la protección de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales; y como restricción se tiene el presupuesto destinado para cumplir con los pagos por servicios ambientales para el año 2030. En el Meta el gobierno departamental y el local de Villavicencio beneficia a varias familias con este propósito.