Por medio de un decreto, por facultades extraordinarias, el gobierno del presidente Gustavo Petro creó una poderosa entidad pública que será la encargada, «en cooperación con los departamentos, municipios, o con otras entidades oficiales, semioficiales o privadas» de la contrucción, mejoramiento y conservación de los caminos vecinales o territoriales en todo el país.
La entidad se llamará Invir -Instituto Nacional de Vías Regionales- y reemplazará al Invías en las tareas relacionadas con vías terciarias y regionales, pero con una facultad que durante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ya generó polémica: la de contratar directamente el desarrollo de proyectos e infraestructura vial con las que el Gobierno llama «organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción social, comunal o comunitaria» y otras.
El decreto, que está vigente desde el pasado 15 de noviembre y ya aparece en varios portales oficiales, dice en su articulo 35 que el Consejo Directivo de la nueva entidad podrá definir su Manual de Contratación y señala expresamente lo siguiente: «Para la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos e infraestructura vial, las cuales se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía, en los términos y condiciones que determine el Manual de Contratación del Instituto».
Se espera que este nuevo ente tenga en cuenta a regiones como el Meta y los departamentos de la Orinoquia.