Gerardo Vega director de la Agencia Nacional deTierras, explicó que lo que se busca es la compra de terrenos fértiles para la producción de alimentos, para lo cual el presupuesto asciende a 1,5 billones de pesos.
En total, la meta es beneficiar a 300.000 familias de las cuales el 70 por ciento están ubicadas en la región Caribe en departamentos como Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. “La ANT ha dado prioridad a mujeres y personas con vocación agraria y en condiciones de hacer producir el campo, por eso se buscó que los predios comprados no sean terrenos inundables, u ocupados ilegalmente, y que cumplan con las disposiciones ambientales, agrarias y ecológicas para entregar tierra de calidad.
Esta es una de las metas del Gobierno en su lucha contra el hambre y aporte a la paz total”, dijo Vega.
Según la agencia, los predios que han sido descartados hasta el momento registran acciones judiciales de extinción de dominio, inconsistencias en su inscripción catastral o están vinculados a procesos de restitución de tierras, por lo cual no serían viables de compra. Adicional a ello, la reforma también busca formalizar la tierra. A la fecha, la entidad ha formalizado más de 1,4 millones de hectáreas de las cuales más de un millón corresponden a predios rurales y 396.000 hectáreas más en cuatro zonas de reserva campesina: La Tuna (Cauca), Güejar–Cafre, Losada–Guayabero (Meta) y Sumapaz (Bogotá).